Naufragios 5 de noviembre de 2017 | 8:46 pm

Lecturas para el trance

 

(De la violación del Derecho)

 

Será necesario tomar en consideración la sorprendente posibilidad de que el interés del derecho por monopolizar la violencia respecto a la persona aislada no tenga como explicación la intención de salvaguardar fines jurídicos, sino más bien la de salvaguardar al derecho mismo” (Walter Benjamin, “Para una crítica de la violencia”).

 

Esto es lo que ha sucedido con la aprobación de las llamadas Ley del Referéndum y Ley de Transitoriedad Jurídica en el Parlamento Catalán. No un atentado contra este o aquel precepto, no un daño que reclame la acción del Estado en defensa de un fin jurídico particular afrentado, sino un ataque frontal a la jurisdicción territorial del Estado, un ataque contra la vigencia del ordenamiento jurídico en una parte del territorio. Si el principio de territorialidad es consustancial al Derecho, un ataque al ámbito de su jurisdicción territorial no puede más que ser un atentado “contra el derecho mismo”. No ha de extrañar, por tanto, que para una entidad, el Estado, depositaria del monopolio de la violencia legítima, según el celebrado aserto de Max Weber, un ataque “contra el derecho mismo” sea mucho más amenazador que las acciones terroristas de ETA, cuyas consecuencias humanas y morales, huelga decirlo, han sido infinitamente más dañinas. Pero ETA, más allá de sus pretensiones políticas proclamadas, no atentaba, muy a su pesar, “contra el derecho mismo” sino contra un fin jurídico, la protección de la vida de las personas. Esa, y no otra, es la razón de que esta situación haya sido inmediatamente percibida como “crisis de Estado”; al contrario que el terrorismo, que tiende a ser percibido como problema de seguridad y orden público y solo de forma mediata puede llegar a desatar una crisis tal en el supuesto de que amenace con una descomposición del Estado por desbandada o deserción de este.

 

(Desobediencia civil)

 

Aun cabe matizar que, en este caso, no estamos siquiera en un caso de “salvaguarda del monopolio de la violencia respecto a la persona aislada” sino respecto de una institución del Estado que se ha levantado contra otra. Por ello no es apropiado hablar de “desobediencia civil” para describir la situación. A la desobediencia civil pertenecía, de forma paradigmática, la insumisión al servicio militar obligatorio. La imposibilidad de una regulación jurídica de dicha desobediencia, más allá de la persecución y punición, se mostró por partida doble: la inestabilidad y la inconsistencia jurídica del intento de transacción que supuso la legalización de la objeción de conciencia, y el hecho significativo de que a dicha desobediencia civil solo pudiera ponérsele término derogando la propia obligación que la motivaba, o sea, suprimiendo la conscripción obligatoria. De la estrepitosa contradicción jurídica que representa la regulación legal del derecho a la objeción de conciencia, nos ilustra Rafael Sánchez Ferlosio en un artículo de 1982 titulado “La objeción de honor”:

 

Del mismo modo, y aunque personalmente me inspiren poca simpatía el individualismo y el egocentrismo moral del objetor de conciencia (a quien parecería no importarle tanto que no se mate entre hombres cuanto no hacerlo él), jamás osaría yo rebajar o descalificar la dignidad de las razones, sentimientos y aspiraciones que fundamentan su actitud, salvo por la miopía y la flaqueza de conciencia que le hacen incurrir en la estridente contradicción de pretender que su objeción sea contemplada como un derecho entre los demás derechos, ignorando o haciendo caso omiso del axioma definitorio según el cual la violencia es el basamento fundante y sustentante del derecho mismo, y que todo derecho es siempre, por tanto, derecho a la violencia, de tal suerte que pedirle al derecho en general que reconozca y convalide en su seno, como un derecho más, el derecho a la no violencia, viene a ser algo tan incongruente como pedirle al derecho de propiedad que contemple y acoja en sus entrañas el derecho al robo.

 

En efecto: un servicio militar obligatorio que reconociera a quienes le estuvieran sujetos el derecho a ser desobedecido por razones de conciencia sería una contradicción no menos flagrante que un derecho de propiedad fundado sobre una propiedad robada.

 

(Desobediencia institucional)

 

Pero el caso que nos ocupa no es un acto de desobediencia civil: ésta tiene por sujeto agente al ciudadano y por destinatario el poder al que este está sujeto. Lo que aquí ha ocurrido ha sido, en términos jurídicos, algo completamente distinto: un caso flagrante de desobediencia institucional, una institución del Estado que se declara en rebeldía contra otra. En Carl Schmitt y su “Teoría de la Constitución” encontramos el diagnóstico del caso: “Una pluralidad de sujetos titulares de poder constituyente volvería inservible toda Constitución emanada del mismo”: es la formulación, en términos constitucionales, del principio de la unidad nacional o indivisibilidad del sujeto depositario de la soberanía.

 

Todos estos conceptos bien pueden ser percibidos como puras ficciones; y sin duda lo son, las ficciones son la sustancia genuina de la teoría política, pero en modo alguno pueden ser menospreciadas. No tomarlas en serio puede abocar al Estado a una situación de quiebra y catástrofe. Los defensores de la causa independentista son conscientes de su importancia: un simple vistazo al Proyecto de Constitución de Cataluña, en cuya redacción tomó parte destacada el juez D. Santiago Vidal, despejaría todas las dudas. Ahí se recoge el principio de la unidad nacional bajo la menos agresiva formulación del “mantenimiento de los límites territoriales”, expresión de significado inequívoco; pero una vez más, la inteligencia emocional, especialmente necesaria en situaciones escabrosas como esta, con todo su séquito de eufemismos y lenguajes edulcorados, ha hecho aquí su aparición para no turbar las conciencias del público.

 

(La legitimidad)

 

Las discusiones entre unionistas e independentistas están frecuentemente abocadas a una estrepitosa circularidad, porque ambos toman como presupuesto necesario un principio en si mismo circular e imposible de sujetar a transacciones: la legitimidad, y ante decisiones tajantes, discontinuas, que no admiten componendas, se tiene o no se tiene, pero no puede tenerse parcialmente.

 

En el Estado hay un insoslayable componente tautológico, autorreferencial, que tiene su exponente y fundador en Yahvé: “Yo soy el que soy”. Solo la moderna concepción de la democracia como virtud moral y no como una forma de gobierno entre otras puede pretender que ese carácter se vea modificado por ella. Esa naturaleza autorreferencial se esconde en la noción misma de legitimidad, y en la ideología que la sostiene. Pero a pesar de ella, o gracias a ella , la legitimidad no tramita en última instancia otra cosa que relaciones de poder, mando y obediencia. De lo contrario sería una noción perfectamente innecesaria. Si al poder le exigimos una legitimidad que lo fundamente, y a esta una legitimidad previa de la cual derive, remontando el curso del río aparecerá el aborigen prehistórico de la idea de legitimidad, que no es otro que un acto arbitrario de toma del poder, o sea, la ley del más fuerte. Es esta circunstancia la que cuidadosamente omiten los defensores del “derecho a decidir”, y más específicamente, quienes defienden que tal derecho deriva de la aplicación del principio democrático. Por lo pronto, todo derecho necesita un sujeto titular capaz de ejercerlo. Existe una imposibilidad lógica, para decidir democráticamente el alcance del sujeto titular del “derecho a decidir”, pues tal decisión democrática tendría que apelar a un sujeto indeterminado, cuyo alcance es precisamente lo que democráticamente habría de decidirse. En consecuencia, el sujeto titular de tal derecho ha de preexistir. Y en la imposible determinación legal previa del alcance del sujeto titular del derecho en cuestión, se manifiesta la evidencia de que tal derecho solo puede ser una sanción jurídica a posteriori de un hecho ya consumado: es aquí donde el “derecho a decidir”, esto es, el derecho a derribar y levantar fronteras, muestra su vínculo indisoluble con relaciones de violencia, poder y dominación. Si hay en la historia un acto de violencia manifiesta, este es precisamente el establecimiento de una frontera territorial donde antes no la había, y máxime allí donde tal frontera sea decidida por una sola de las dos partes que por dicha frontera quedan separadas.

 

(Nociones utilitarias de legitimidad)

 

El historiador italiano Guglielmo Ferrero intentaba buscar, fuera del ambiente de asfixia que crean las rigideces propias de las ficciones de la teoría política, un fundamento utilitario de la idea de legitimidad. Desarrollarlo debidamente daría lugar a un número de palabras que no caben aquí, pero corolario del mismo es la idea de que, si bien los revolucionarios aciertan cuando cuestionan la legitimidad del poder, de este y de todos porque toda legitimidad está basada en una ideología de precarios y frágiles fundamentos, dejan de hacerlo si creen que ello hace lícito todo acto de desobediencia. En definitiva, la noción de legitimidad, aun con toda su implícita falsedad, sería útil para evitar que nos matáramos los unos a los otros en una eterna lucha por apropiarse del poder y mantenerlo.

 

(De los mitos del origen)

 

Hasta qué punto los mitos del origen, es decir, las ideologías sobre las cuales la legitimidad se fundamenta, pueden volverse como un boomerang contra sus defensores, es ejemplo notable la idea de la nación como “plebiscito diario” (Renan), “proyecto sugestivo de vida en común” (Ortega y Gasset), y, en definitiva, la creencia en la nación o el Estado como un contrato entre libres e iguales. En efecto, si así fuera, ¿cómo extrañarse de que una parte de los signatarios quieran rescindir tal contrato?, ¿qué contrato que fuese tal y no relación de servidumbre podría ser indisoluble? ¿Cómo extrañarse de que alguien haya ideado para ellos un “proyecto” mejor? Los defensores del “derecho a decidir” conocen y explotan esta debilidad, y ciertamente los defensores de ese mito contractual en modo alguno disponen de argumentos contra tal pretensión, por la sola razón de que los propios presupuestos de la discusión lo hacen ya imposible.

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